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16 de Desembre de 2012

La vida transcurre siempre. Por esto es vida y no es muerte. Transcurre más allá de marcos jurídicos  y de pactos políticos. Estos son esencialmente temporales y perecederos. Querer eternizarlos es como intentar momificarlos. Hacerlos inservibles.

Son normales y legítimas las aspiraciones reformistas y también las rupturistas frente a la momificación de legalidades y acuerdos de todo tipo que pretenden detener el transcurso vital en que están inmersos los individuos, los pueblos y la sociedad. Otra cosa seria ir contra natura.

Los marcos legales y los pactos políticos son fruto de unos consensos en unas circunstancias históricas concretas. Tienen vocación de permanencia temporal, la más larga posible, indefinible pero no infinita. También las constituciones refrendadas por los pueblos. La nuestra nació de un gran pacto de supervivencia y de generosidad de las distintas posiciones políticas y sociales, en un momento muy singular.

A los inmovilistas recalcitrantes hay que recordarles que hay vida más allá de la Constitución. Si las nuevas circunstancias vitales, profundas y contrastadas, lo piden clamorosamente, habrá que modificarla en consonancia con los nuevos tiempos y las legitimas demandas mayoritarias de la colectividad que la aprobó o de una parte de la misma, con personalidad cohesionada y sólida, que tenga o haya alcanzado mayoría de edad.

Si los instrumentos o las vías para este cambio no son adecuados o son prácticamente intransitables, la iniciativa y la imaginación política responsable debería encontrar las fórmulas adecuadas en un marco de entendimiento, lealtad y convivencia. El enfrentamiento provoca enfrentamiento; la deslealtad, deslealtad, y la agitación, imposición autoritaria.

La Constitución es garantía de convivencia democrática, pero hasta un límite razonable. Más allá de este, como sería considerarla intocable o un texto sagrado, podría ser garantía de todo lo contrario, de inconvivencia. Es fácil comprenderlo. Como lo es pensar que seguramente hemos llegado a este límite razonable, por lo menos en algunos aspectos. El principal, la revisión de la distribución territorial del poder.

No todo se reduce a la simplista disyuntiva centralismo o independentismo de alguna comunidad que reclama más reconocimiento de su personalidad. Hay más formas posibles -no fáciles- de reorganización territorial: desde un estado autonómico mejor clarificado, más respetuoso con las competencias de cada cual y con instituciones de mutua colaboración (el Senado, p.e.), hasta la federación o la confederación. Y tampoco hay que caer en la simetría, pues ni todas las comunidades son iguales ni tienen las mimas posibilidades o aspiraciones.

Hay que huir del inmovilismo y del simplismo. Ni la Constitución es la Biblia inspirada por algún dios, ni el enfrenamiento independentismo contra unitarismo constituye un mandato de otros dioses. Ambos son más bien productos de la obstinación. En definitiva, de actitudes legítimas pero muy dogmáticas.

Y los dogmatismos son contrarios a la democracia, que es aún la mejor actitud y garantía de la pacífica convivencia. La que más se corresponde con el incesante transcurrir de la vida misma.

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