20 de Juliol de 2015

 La situación cada vez más tensa en Cataluña, que quiere convertirse en el Estado independiente más nuevo de Europa, está llegando al punto final. El 27 de septiembre  se celebrarán unas elecciones autonómicas que, si los ciudadanos así lo quieren, podrán tener carácter de plebiscito, es decir, podrán substituir el referéndum  al que los catalanes tienen derecho pero que, sin embargo, el Estado español no ha permitido. 

Si el gobierno español hubiese aceptado el referéndum habría tenido la oportunidad de establecer las condiciones que hubieran asegurado un resultado favorable para Madrid, algo parecido a lo ocurrido en Escocia. Rajoy  es víctima de una rebelión del ala derecha de su partido, que no tolerará nunca la legitimidad de un referéndum para la separación de Cataluña. 

Ahora los catalanes pueden declarar al mundo lo que han dicho siempre: que sus aspiraciones democráticas y pacíficas son sofocadas por una camarilla opresiva castellana en Madrid que no sólo tiene la determinación de obligarles a aceptar un 'modus vivendi' que les resulta intolerable, sino que participa activamente en la ruina de la economía catalana y en la aniquilación de la singular cultura e identidad del pueblo catalán. Cerrando la puerta a un referéndum legal, el señor Rajoy ha abierto más posibilidades para los catalanes. 

Los partidos unionistas predicen un apocalipsis económico y político catalán en el caso de una victoria separatista, mientras que los grupos independentistas predicen el final de la autonomía catalana y la muerte de su lengua y cultura si ganan los unionistas. No habría moderación. 

Sobre la base de los resultados electorales más recientes y en los de los sondeos, se puede predecir una alta probabilidad de una victoria separatista. Dicho de otro modo, la suma de los escaños de los partidos separatistas en el Parlamento será igual o superior al 67% que ganó en las últimas elecciones. Si uno de los grupos independentistas gana por mayoría absoluta, podría formar gobierno solo o bien optar por una coalición de unidad nacional, con representantes de todos los partidos independentistas. 

Las autoridades españolas tendrían la oportunidad de intervenir. Podrían intentar aprovechar cualquier irregularidad para ordenar un recuento o para anular las elecciones. Sin embargo, pienso que no tendría ningún fundamento jurídico y sería derrotada en los tribunales. 

Una vez formado el nuevo gobierno, se solicitaría al parlamento el votar una declaración de independencia de España, justificada por los resultados de la elección. El primer desafío vendría de los parlamentarios unionistas, que probablemente dimitirían en masa. Esto, en sí mismo, es poco probable que detenga el debate, porque los reglamentos parlamentarios de Cataluña  sólo requieren una mayoría simple de legisladores presentes en la sesión para cumplir el quórum. 

Es en este punto en el que las autoridades españolas tienen más probabilidades de intervenir: después de la presentación del proyecto de ley, pero antes de cualquier debate o votación. Rajoy podría proceder a: la disolución del gobierno, la anulación del estatuto de autonomía, la detención de políticos separatistas, etc.

Es imposible predecir qué bando sería capaz de imponer su voluntad al otro en esta eventualidad. Ambas partes se infligen un terrible costo una a la otra: la economía española se resentiría de un gran perjuicio a largo plazo; la reputación internacional de España se desplomaría y el endeudamiento se dispararía; y no habría ningún beneficio para la inversión extranjera y del capital de Cataluña, una de las regiones principales en cuanto a atracción inversora. Políticos españoles, y muchos españoles de la calle, estarían dispuestos a preservar la integridad territorial de su Estado; aunque las relaciones con sus hermanos y hermanas catalanes se envenenarían cien años más. 

Hace tres cientos años, Cataluña fue invadida por España con la fuerza de las armas. Generaciones de catalanes han sido humillados y expoliados. Cataluña dice basta. La independencia es inevitable. La sociedad catalana actual lo decidirá ahora o más adelante, pero es inevitable. Cataluña tiene derecho a liberarse. El mundo entero lo entenderá.