20 de Març de 2016

 VISTOOLEIDO//. El Congreso ha celebrado el primer pleno de esta legislatura. La Cámara ha votado dos Proposiciones no de Ley para defender la unidad de España: una del PP y otra de Ciudadanos conjunta con el PSOE. Ambas han salido adelante, pero ni siquiera la soberanía nacional ha logrado poner de acuerdo a los tres grandes partidos constitucionalistas. No ha habido un 'sí' conjunto de las tres fuerzas. El PP y el PSOE se han abstenido mutuamente; Ciudadanos ha votado a favor de las dos. Las dos salieron adelante. Pero les separó la reforma de la Constitución que plantean Pedro Sánchez y Albert Rivera, a la que se niega Mariano Rajoy. Podemos no tuvo dudas: ha votado en contra.

Ciudadanos acordó con el PSOE incluir en su texto la voluntad de promover una reforma constitucional que actualice el marco de convivencia. En realidad, no se trataba más que de plasmar el acuerdo de Gobierno sellado por ambos partidos, donde querían que la Cámara aprobara ese punto de su pacto, tras las dos investiduras fallidas de Sánchez. Pero los populares se abstuvieron.

En Ciudadanos causó malestar la actitud del PP. Desconocían que el PP había presentado una enmienda a su iniciativa conjunta con el PSOE, en la que eliminaba de la redacción del texto lo referido a la reforma constitucional. La formación emergente justificó el rechazo a la sugerencia del PP alegando que iban a votar a favor de su moción.

La propuesta del PP instaba a las instituciones a "mantener la defensa desde la legalidad constitucional y de la soberanía nacional" y a "continuar actuando con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España". La de Ciudadanos, además de la enmienda del PSOE sobre la reforma constitucional, instaba al Congreso a «una activa defensa de la Constitución Española, de la igualdad, de la solidaridad y de la unión entre todos los españoles y de la integridad de la soberanía nacional». Se trata, en todo caso, de iniciativas que instan a un Gobierno que aún no existe, por lo que sólo podrían acometerse en el caso de que se nombre presidente. 

Mientras el PSOE firma contra un referéndum en Cataluña, el PSC vuelve a las andadas y aboga por el derecho a decidir. Sánchez intenta aprovechar la ambigüedad para quedar bien con todos.

Mientras Pedro Sánchez firma con Ciudadanos la defensa  a ultranza de la unidad de España, la número dos del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, defiende en público el derecho a decidir y reconoce que el PSC “tiene un problema con el PSOE” en este asunto. A su juicio ya debería haberse celebrado una consulta legal en Cataluña. En términos parecidos de apoyo al derecho a decidir se ha manifestado el nuevo secretario general de UGT, José María Álvarez, que es militante sin cargo del PSC. Por si fuera poco, el voto o la abstención de los socialistas ha permitido a casi un centenar de ayuntamientos catalanes adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia.

Y mientras tanto, Sánchez se envuelve en la bandera de España, como hizo en un acto del PSOE al presentar su candidatura a la Presidencia del Gobierno, o firma con Albert Rivera un pacto en el que se puede leer que los dos partidos se comprometen a “oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”. El líder socialista  ha votado a favor de una moción de Ciudadanos en el Congreso en la que se “reafirma” en poner en marcha “todas las iniciativas que el Estado de Derecho permita para frenar cualquier acción de cualquier gobierno autonómico u otras instituciones del Estado que pretendan subvertir el orden constitucional”.

Esa firmeza es incompatible con los mensajes que lanzan los socialistas desde Cataluña que hasta hace cuatro días llevaron en su programa el derecho a decidir. También con las manifestaciones de Miguel Sebastián, que ha defendido que la solución para Cataluña pasa porque los catalanes voten su futuro.

Una vez más, se está utilizando la “unidad de España” para imponer una visión  de España que ha sido causa constante de tensiones en la historia de este país. En 1936, las estructuras de poder, amenazadas por las políticas públicas propuestas por el democráticamente elegido gobierno republicano del Frente Popular, estimularon un golpe militar a fin de impedir las necesarias y urgentes reformas (que hubieran afectado negativamente a sus intereses económicos y financieros), intentando justificar tal golpe con el argumento de que estaban defendiendo la unidad de España, unidad que nadie estaba amenazando.