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28 de Febrer de 2017

AMB GENT AIXÍ ENS EN SORTIREM

 PERIODISMO DIGITAL//.- Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nació en 1944, y comentarista político. En el 2007 fue galardonado con el premi Blanquerna, que concede la Generalitat de Catalunya, y ya advirtió sobre los riesgos de la "desafección". En el 2010, fue uno de los pocos juristas que alertó de las consecuencias que tendría para el sistema político español la sentencia del Tribunal Constitucional que cercenó el Estatut, momento que califica de "golpe de Estado". Desde su independencia de criterio, Pérez Royo cree que, como consecuencia de aquella decisión, ahora es "inevitable" un referéndum para que los catalanes decidan si quieren continuar en España. 

El fiscal superior de Catalunya ha presentado una querella, la segunda que interpone, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y tres miembros de la Mesa por haber permitido votaciones sobre el referéndum. En cambio, ha excluido a un cuarto miembro, el diputado Joan Josep Nuet, por su trayectoria política, a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia. Como jurista, ¿cómo lo interpreta?

Políticamente se entiende perfectamente. Ellos lo que quieren es dividir: quién está a favor de la independencia y quién está en contra. A los unos y a los otros no se les mete en el mismo saco porque se trata de proceder penalmente. Si amplían el campo de la persecución penal, el campo se les complica muchísimo. Lo tienen limitado a quienes defienden la independencia, pero si entran ya en el espacio de Podemos, el riesgo de que se les vaya de las manos la operación es mucho mayor. Han hecho un doble juicio de intenciones: a unos se les dice, ‘sois lo que sois y voy a por vosotros [independentistas]', y al otro se le hace un juicio exonerador de responsabilidades: ‘usted ha hecho esto pero no sabía que lo estaba haciendo’.

Luego, ¿dónde queda el derecho?

 

El Gobierno se ha empeñado en que esto es un problema jurídico, pero no, esto es un problema político y aquí se está haciendo política. Y ellos hacen política a través del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía. Ellos han decidido que esto es un negociado que está cerrado: la Constitución es la que es y a quien dé un paso más allá le mandan el Tribunal Constitucional o la Fiscalía, y se acabó. Y punto. Esa es la estrategia y llevamos así desde la sentencia del 10 [contra el Estatut].

¿Se está persiguiendo a los independentistas como si por el hecho de serlo cometiesen un delito de opinión?

Vamos a ver. Delito de opinión no es. En la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, lo que se persigue es desobediencia. Hay una orden, que además se ha hecho expresa, porque el Tribunal Constitucional ahora ya manda las órdenes de manera que no se pueda decir que no las ha dado [como alegaron las defensas en el primer juicio por la consulta del 9-N]. Hay un apercibimiento para que no se siga adelante. Eso es lo que se está haciendo. Es una lógica infernal. Por las dos partes. Una es: 'yo sigo adelante como si no hubiera Tribunal Constitucional.

El choque se está produciendo en los tribunales. Ya se ha celebrado el primer juicio del 9-N, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra el expresident Artur Mas y sus exconselleres, Joana Ortega e Irene Rigau. Este lunes se celebrará el segundo, contra Francesc Homs, en el Tribunal Supremo, en Madrid.

Yo publiqué un artículo en El País, cuando yo aún publicaba en El País (ríe), donde decía que en la consulta del 9-N no había habido desobediencia, al contrario, que Artur Mas había obedecido. Primero quería convocar un referéndum, luego hizo una ley de consultas, se la declararon inconstitucional porque consideraron que era un referéndum encubierto que invadía las competencias del Estado; hizo la convocatoria de la consulta y le vino la admonición del Tribunal Constitucional y renunció a la consulta. Y por eso no hubo convocatoria, ni mesa electoral, etc, sinó que se aquello se transformó en un proceso participativo. Luego lo que hizo ahí el presidente Mas y la Generalitat fue obedecer la orden y no convocar la consulta y, a continuación, realizar un acto de protesta y convocar a los ciudadanos a un acto de protesta. Yo creo que eso tiene cobertura constitucional. Era como si se hubiese convocado una manifestación pero con urnas de cartón. Un acto de protesta: 'yo no convoco el referéndum pero debería poder convocarlo y convoco a los ciudadanos para que digan si están de acuerdo conmigo o no lo están'. En consecuencia, para mí ahí no había delito, sinó el ejercicio de un derecho fundamental. En consecuencia, yo creo que esto (los juicios) es la criminalización del ejercicio de un derecho fundamental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Para evitar eso se hizo la Constitución y todo el mecanismo de integración mediante el Estatuto de Autonomía, pero eso se vino abajo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se vino abajo el pacto entre los dos parlamentos referendado por los ciudadanos destinatarios del pacto. Esa es la Constitución territorial, no los artículos: el pacto entre el parlamento de Catalunya y las Cortes Generales referendado por los ciudadanos. La sentencia desautorizó el pacto entre los dos parlamentos y le quitó la última palabra a los ciudadanos de Catalunya. Luego la sentencia se cargó la Constitución, porque la Constitución territorial ya no existe. Ya no hay bloque de constitucionalidad. Estamos ante un problema constituyente, con el problema adicional que la fórmula que se utilizó en el 78 ya no vale, porque la sentencia la destrozó. Habrá que inventarse algo nuevo.

¿Por dónde cree que hay que empezar? No parece que el Gobierno del Estado esté mucho por la labor...

El punto de partida ahora, el primer paso, tiene que ser el referéndum, pero ya no de ratificación de un pacto [como el del Estatut], sinó de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos de Catalunya de al final, seguir dentro [del Estado] y vamos a ver en qué condiciones. Eso imagino que ya va a ser casi imposible de que no sea así. Y mientras eso no se reconozca estaremos en la situación en la que estamos, de desorden político y jurídico, en Catalunya y en el Estado. Todo este baile electoral que hay en Catalunya desde el 2011, y que ya se está trasladando al Estado...

España no se puede gobernar democráticamente sin Catalunya.

Sebastià Barrufet Rialp, cronista transversal

Master en Periodismo Digital


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