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02 de Novembre de 2009

Dos sentencias judiciales han declarado nula la recalificación de terrenos

ARIADNA TRILLAS
La mutación de zona verde a solar para la moderna fábrica de pinturas de Barnices Valentine en Montcada i Reixac, que ha sido declarada nula en dos sentencias recurridas por el Ayuntamiento de la localidad y también por el Gobierno catalán, fue impulsada por uno de los personajes incluidos en las investigaciones del juez Garzón por la trama corrupta de los pelotazos urbanísticos. Se trata de Antonio Jiménez, un político que ha trabajado en los últimos años al menos para tres gobiernos municipales de tres localidades en la provincia de Barcelona: Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Montcada i Reixac.

Jiménez fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma de Gramenet, cuyo Ayuntamiento Garzón ha convertido en terremoto a raíz de la Operación Pallaresa, con el centro comercial Cubics en el centro de la trama corrupta. En Sant Andreu de Llavaneres, el mismo Jiménez fue regidor de Urbanismo. Y lo fue justamente cuando se desarrolló la Operación Niesma, segundo de los tres pilares de la trama, que gira en torno a la compra y la venta posterior de unos terrenos en esta localidad, con modificación importante del plan de urbanismo y consiguiente revalorización de por medio.

Jiménez forma parte del amplio universo de contactos de Luis García, Luigi, el núcleo de las investigaciones de Garzón. Su auto, difundido el viernes por la noche, atribuye a Luigi una "estrecha relación" con Antoni Jiménez y asegura que "en la actualidad" mantienen una fluida relación y que ambos tratan juntos sobre "cuestiones relativas al proyecto del mercado del Fondo de Santa Coloma de Gramenet", un edificio singular de tres plantas cuya construcción fue aprobada por el Ayuntamiento de Santa Coloma, cuyo alcalde está en prisión preventiva incondicional, en octubre de 2007.

En el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, Jiménez era director del área de Política Territorial entre 2003 y 2006. Fue uno de los políticos que, desde el Gobierno municipal de César Arrizabalaga, impulsaron el traslado de la fábrica de Valentine, que pertenece al grupo portugués CIN, del centro de Montcada a la periferia, a una zona verde del polígono industrial de Can Milans. La luz verde a la modificación de ese punto del Plan General Metropolitano de Barcelona obtuvo luz verde en abril de 2005. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido este año dos sentencias, una en mayo y otra en julio, en las que declara nula la recalificación del espacio, que en su día desató un alud de quejas y firmas de los vecinos de La Llagosta y también de un grupo de empresas que habían cedido espacio para la zona verde reconvertida en fábrica.

Tanto el Ayuntamiento de Montcada como el Gobierno catalán han presentado un recurso de casación. Pero mientras tanto, la moderna fábrica de Valentine ya ha echado a andar. El solar que ocupaba en el centro, comprado hace tres años por Royal Urbis, debería destinarse a levantar pisos. Pero la crisis ha retrasado el proyecto.

Montcada defiende el traslado

César Arrizabalaga (PSC), alcalde de Montcada i Reixac, defiende a capa y espada el traslado de la fábrica de Valentine del centro a la periferia de la localidad. "Planteaba problemas por el paso de los camiones, había quejas por los ruidos", explica a este diario. Tras elogiar a Valentine por su apuesta por Montcada, traducida en 40 millones de inversión y 310 empleos, Arrizabalaga niega de plano que exista "ninguna sensación de guerra" con la vecina La Llagosta a raíz de la nueva ubicación de la planta de pinturas. Cuando ésta se aprobó, en La Llagosta se reunieron 5.000 firmas contra la construcción de una fábrica en la zona verde del polígono industrial Can Milans.

El Ayuntamiento de La Llagosta acabó presentando un recurso contencioso administrativo contra ella, al igual que hicieron los ex propietarios del espacio verde convertido en industria, que lo habían cedido a cambio de que se levantara el polígono. Ahora, la oposición de La Llagosta intenta recuperar la movilización ciudadana de hace unos años, armada de las dos sentencias del TSJC, y acusa al gobierno municipal de La Llagosta, también socialista, de no querer darles publicidad. Arrizabalaga y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP) de la Generalitat subrayan que no habrá sentencia firme hasta que haya respuesta a su recurso de casación, y hasta que eso suceda puede pasar mucho tiempo. Por ahora, la fábrica sigue su curso.

El País.com - Barcelona - 02/11/2009

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