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09 de Novembre de 2009

Un informe interno señala que es posible reducir este tipo de gastos   |  Turrull (CiU reclama firmeza a Benach a la hora de pedir que el Govern muestre sus informes

IÑAKI ELLAKURÍA
La querencia del Gobierno tripartito a encargar informes y estudios de dudosa utilidad a personas ajenas a la Administración (y en algunos casos cercanas a los partidos) ha desatado todo tipo de críticas de la oposición e, incluso, una investigación de la Fiscalía. Curiosamente, desde el mismo seno del Govern han surgido voces que aconsejan reducir esta práctica.

Un estudio interno del Govern sobre "El potencial de ahorro respecto a otras comunidades", a cuyo resumen ha tenido acceso La Vanguardia, señala que la Administración catalana tiene un ahorro potencial de entre "45 y 70 millones de euros" en informes, estudios y trabajos técnicos. Dicho informe también señala que la Generalitat "presenta una estructura organizativa aparentemente compleja, con un total de ochenta entidades internas y ciento diez externas". Un organigrama que, en comparación con otras autonomías, multiplica el gasto catalán.

La recomendación sobre el ahorro en estudios e informes, vistas las prácticas de algunos departamentos del Govern, cayó en saco roto. Sólo en el 2007 el tripartito encargó 2.961 informes externos, de los que 300 fueron tachados como "de poca utilidad" por una auditoría interna del propio Departament d'Economia. Esos 300 estudios sin justificación clara y objetivos difusos costaron a las arcas públicas 725.000 euros.

Los ejemplos son tan numerosos como pintorescos. El Departament d'Acció Social encargó la elaboración de un informes sobre diez argumentos para fomentar juguetes no sexistas. Costó 11.948 euros. Ese mismo departamento, al frente del cual está la republicana Carme Capdevila, se gastó 30.000 euros por un manual "contra la crisis". Mientras, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, tenía otras preocupaciones cuando ejercía el cargo de conseller de Governació: en el 2007 pagó 12.006 euros por un estudio para mejorar su imagen que, entre otras cosas, le advertía que "programas como Polònia hacen calar una imagen de líder político prepotente y agresivo". El Departament de la Presidència, por su parte, pagó 27.000 euros por un estudio sobre las tendencias políticas y afinidades ideológicas de numerosos periodistas y opinadores.

Ante estas prácticas, CiU ha pedido poder acceder a la revisión de todos los estudios de la Generalitat. Ayer, el diputado convergente Jordi Turull criticó la pasividad del presidente del Parlament, Ernest Benach, por no presionar al Govern para que le facilite copias.

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