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23 de Juliol de 2010

El anuncio coincide con el aniversario del registro de los Mossos d'Equadra que desencadenó en la imputación de Fèlix Millet y Jordi Montull

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El Palau de la Música presenta este viernes la auditoria encargada por la nueva dirección de la institución, cuando se cumple un año del registro de los Mossos d'Equadra que desencadenó en la imputación del ex presidente de la entidad Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull.
El 23 de julio del año pasado, a las 10.45 horas, los agentes entraron en las oficinas de la Fundación Palau de la Música tras la admisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona de una querella presentada por el Fiscal de Asuntos Económicos por presuntas irregularidades en la gestión económica de la entidad.

Días más tarde, Millet, que dimitió de su cargo tras destaparse el escándalo, entregó al juez un escrito en el que confesaba haberse "equivocado gravemente" al apropiarse de 1,8 millones de euros de la entidad en beneficio propio y muestraba su "arrepentimiento".

Millet mostró su voluntad de ayudar a la investigación judicial y reparar el daño ocasionado a la institución y admitió haber gastado 1,3 millones en obras y reformas hechas a casas de su propiedad y 500.000 euros en viajes con la familia. Asimismo, reveló que durante muchos años percibió junto a Montull remuneraciones en efectivo en concepto de bonus o incentivos por los buenos resultados obtenidos.

35 millones de euros

Sin embargo, las auditorias y los nuevos datos determinan ahora que el expolio perpetrado por Millet y Montull, llega ya a los 35 millones de euros, según explicó ayer el miembro del Orfeó Català, Antoni Dalmau. En un año, el proceso principal por el expolio del Palau, instruido por el juez Juli Solaz, ha avanzado poco, lo que ha provocado muchas críticas. Solaz ha imputado a diez personas, entre las que se encuentran Millet, Montull, la hija de éste, Gemma Montull, las dos esposas, y el ex tesorero de la Fundación Enric Álvarez.

Una comisión en el Parlament
El desfalco del Palau derivó también en una comisión parlamentaria que, durante poco más de un mes, ha investigado si existió una presunta financiación irregular de CDC a través de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol. Por esta comisión han pasado representas de la empresa Ferrovial, de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, así como varios cargos de la Generalitat.

Las comparecencias estrella fueron las de Millet y Montull, que se negaron a responder a las preguntas de los diputados, la ex directora financiera Gemma Montull, y los ex consellers de Política Territorial y Obras Públicas Felip Puig y Pere Macias.

Las conclusiones de esta comisión, que finalizó el 19 de julio con la comparecencia del conseller de Economía, Antoni Castells, se prevé que se que se debatan en el pleno ordinario que empieza el día 28 de julio y podrían trasladarse a la Fiscalía.

13 días en prisión
Pese al presunto desfalco de 35 millones perpetrado por Millet y Montull fue finalmente el proyecto urbanístico del hotel del Palau el que provocó su ingreso en prisión durante 13 días, acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida, que también ha salpicado a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento. Según la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que admitió una querella presentada por el fiscal de Urbanismo, Millet y Montull impulsaron una serie de acciones "dirigidas a la modificación de la calificación urbanística", que consistieron en dos convenios.

El primero, pactado entre la Fundación y la Generalitat el 8 de marzo de 2006, sin que se realizara el informe jurídico previo y preceptivo para valorar la pérdida de patrimonio por la Generalitat; y otro convenio entre la Fundación, la Generalitat y el Ayuntamiento, el 24 octubre de 2006, en que el consistorio se compromete a iniciar la modificación del Plan General Metropolitano y hacer así efectiva la recalificación.

La juez aceptó el 17 de junio la petición de prisión sin fianza del fiscal, considerando un "apreciable riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes", además de obvia capacidad para influir sobre otros posibles imputados o testigos. El 30 de junio, una vez declararon todos los testigos, fueron dejados en libertad.

El mismo día de la puesta en libertad de Millet y Montull, la juez imputó al cuarto teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García Bragado, al arquitecto Carlos Díaz, al gerente de Urbanismo del consistorio, Ramon Massaguer, y al director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, por haber presuntamente ocultado la titularidad de Olivia Hotels, faltar a la verdad y esconder una operación especulativa.

La Vanguardia.es
23-07-2010

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