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08 de Febrer de 2011

El sindicato alega que la composición de la comunidad se decidió a través de un sorteo
Entre los propietarios se cuenta el secretario de Organización y un familiar de Josep Maria Álvarez

XABIER BARRENA
BARCELONA
Los llamados pisos de protección oficial son un tipo de viviendas, perfectamente delimitadas por la ley, pensadas para aquel segmento de la población que, por el coste de las unidades, no puede acceder al mercado libre, sobre todo en los tiempos de burbuja inmobiliaria. Además de las administraciones, hay otras entidades que realizan este servicio a la sociedad, tales como empresas privadas, sindicatos y asociaciones de vecinos. Una de estas fincas, en concreto un edificio de protección oficial levantado por Llar Unió Catalonia, la cooperativa de viviendas de la UGT, a menos de 30 metros de la avenida de Icària, la rambla de la Vila Olímpica, reúne una selecta comunidad de vecinos, nada menos que parte de la cúpula del mismo sindicato que levantó el edificio sobre terreno municipal. 

 Según consta en la documentación consultada por EL PERIÓDICO, entre los dueños de los pisos se halla el actual secretario de Organización de UGT-Catalunya, Jordi Camallonga; Ramon Cebrian, secretario general de la federación se Servicios Públicos, y María Helena Álvarez Suárez, sin cargo en el sindicato y hermana del secretario general, Josep Maria Álvarez. Aparece, también, algún otro miembro destacado del sindicato, como el responsable municipal de Programas de la Oficina de la Vivienda municipal, Enric Cremades.
Para la otorgación de estos pisos de protección oficial, el nivel de renta de los demandantes es, obviamente, clave. Ninguno de los documentos analizados permite sospechar que, si bien el uso y disfrute de los pisos por parte de la cúpula del sindicato no es precisamente la motivación que sustenta la existencia de viviendas de protección oficial, se haya cometido ningún tipo de irregularidad. TERRAZA DE 60 METROS / El edificio en cuestión tiene entrada por dos calles. La de Ávila, que da acceso a pisos de 80 metros cuadrados, y en el mejor de los casos terraza de 32, aparcamiento y trastero, y por el pasaje del General Bassols. Los inquilinos VIP -Camallonga y Álvarez Suárez- ocupan los pisos a los que se accede desde el pasaje y que cuentan con 90 metros cuadrados -en planta o dúplex-, una señora terraza de 57 metros cuadrados (ella) o un patio de 40 (él). Y, como todos, plaza para el poco sostenible coche y trastero. 

 No es lo único que une a los altos cargos y a la familiar. La compra la hicieron todos el mismo día, el 26 de septiembre del 2008. 

 Fuentes cercanas al secretario general de UGT-Catalunya señalaron que la adjudicación de estos pisos fue hecha por «sorteo». Es decir, que la graciosa composición de la comunidad de vecinos se debe, por tanto, al azar. Mantienen que el sorteo de esta promoción de viviendas se hizo junto con otras dos y que el piso finalmente adquirido por María Helena Álvarez Suárez, la hermana, no era «su primera opción». Josep Maria Álvarez ocupa ahora el piso en que, precisamente, vivía su familiar antes de mudarse a la Vila Olímpica. 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN / Los criterios de adjudicación que se siguieron entonces, aun vigentes en las promociones que sigue haciendo la entidad sindical, van en función de los puntos que se adjudican a cada demandante en función de los años de antigüedad como militante y de los años que hace que se halla en lista de espera. Establecidos los distintos niveles por los puntos, se procede a un sorteo entre iguales. 

 El solar donde se levantó el edificio -cuyas obras finalizaron en el 2008- fue cedido por el ayuntamiento al sindicato. La ordenación urbanística del 22@ obliga a ceder una edificabilidad de 0,3 metros cuadros de techo por metro cuadrado de solar al ayuntamiento para la construcción de vivienda pública. 

 Según consta en los documentos, y prevé la ley, al cabo de 15 años de la fecha de adjudicación del piso -pagado siempre a un precio muy inferior al de mercado- los propietarios podrán solicitar que se recalifique su vivienda y podrán venderla libremente. Es decir, en el caso de los altos cargos, a partir del 26 de septiembre del 2023. 

 El piso en la zona más barato que este diario ha encontrado en una web inmobiliaria (93 metros cuadrados, sin terraza y con párking) está a la venta ahora, febrero del 2011, tras meses de descenso de los precios, por 450.000 euros. El precio de mercado de las viviendas, en septiembre del 2008, cabe pensar que era sensiblemente superior. 

El Periódico.com
Viernes, 4 de febrero del 2011

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