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04 d'Abril de 2013

El día de ayer tuvo tres noticias de gran calado:

1-La rueda de prensa de los "100 días de gobierno de Artur Mas". Las comillas son mías porque no lleva 100 días de gobierno sino 100 días de Juegos (independentistas) que dirían los romanos, de panem et circenses (pan y circo) estelada y viaje a Ítaca mediante para tener distraída a la población de los enormes males sociales y económicos que nos aprieta.

2-La imputación de la Infanta Cristina en la trama del caso Nóos.

3-La desestimación del recurso de CDC contra el embargo de su sede y por el cual tiene sus escrituras como fianza de los 3.2 millones de euros reclamados.

De la primera no quiero comentar nada más en mi columna de hoy. Es un tema que de recurrente, repetitivo y ante la falta de novedades hay poco más que decir. Es lo que tiene la monotonía dormidera del Govern Ni-Ni (ni gobierna ni presupuesta) dels millors (parte II).

A mí me interesan hoy las dos últimas noticias. Me interesan porque a la inmensa mayoría de la población catalana y del resto de España nos llena de esperanza que la justicia en este país, tan vilipendiada siempre en muchos casos pues hechos hay para ello, en ocasiones merece un reconocimiento.

En efecto, la imputación de la Infanta llevada a cabo por el juez José Castro es un sinónimo que este país llamado España, tan antidemocrático para el soberanismo catalán, ha dado una lección de transparencia a través de su sistema judicial y no le ha temblado la mano para imputar a una de las hijas del Jefe del Estado. Otra cosa será el juicio y si habrá o no responsabilidad penal. Eso ya se verá. Pero romper este hielo es un símbolo de madurez y de andar en la línea correcta como sociedad del siglo XXI: la que despoje de privilegios a la Familia Real y convierta la Casa del Rey en una institución transparente y sujeta a leyes de transparencia (valga la redundancia) como ha de ser cualquier institución del Estado. El paso erróneo lo ha dado el fiscal anticorrupción con su recurso. Normal. Si antes hablaba de los pasos correctos de la justicia española, todavía queda uno y bien importante que solucionar. Ese es el de la politización de los estamentos judiciales españoles. Si el recurso que presenta la fiscalía prospera será un bofetada enorme y de consecuencias impredecibles a todos los que hoy opinamos que hemos recibido una bocanada de aire fresco con la imputación de doña Cristina de Borbón. Para mi gusto los argumentos que esgrime el juez Castro para imputar a doña Cristina son consistentes, razonables y cabales.

En consecuencia, hace falta que la Casa Real se someta a mayores y mejores criterios de transparencia. Eso depende sobre todo de los dos grandes partidos que dominan la partitocracia española...por lo menos hoy. En esto tengo mis dudas que sean tan valientes y sinceros como el juez Castro.

Sobre el tema del rechazo del recurso presentado por CDC opino lo mismo que con el tema de la Infanta: que la justicia no debe estar influenciada ni amedrantada por la presión de la partitocracia y sí por lo que los indicios y las pruebas puedan aportar a la resolución de las causas penales. Y es que los indicios de la presunta financiación irregular de CDC parecen cada vez más demoledores como se puede leer en este mismo periódico.

En definitiva, con una jefatura del estado sumida en un auténtico annus horribilis y pendiente de renovarse en todos los sentidos y con un partido en el gobierno catalán con su sede embargada, con su número dos imputado en una causa de corrupción y con un socio de gobierno (ERC) que trata de taparlo todo con la estelada hay que apostar claramente porque la justicia siga su camino firme, recto e imparcial para que el ciudadano tenga la concepción de aquello que cuesta muchas veces tenerla: todos somos iguales ante la ley. Y a los imputados aquella frase latina de "Dura lex sed lex". Si se agradece, hasta este momento, y voy a romper una lanza por la Casa Real, que mientras que imputaciones y autos judiciales contra partidos políticos como CIU, PSOE o PP son interpretados por éstos como un ataque a su comunidad autónoma o a España, la imputación de la Infanta no ha sido utilizada por la Zarzuela como un ataque a España o a la Monarquía.Son imputaciones a personas y no a territorios. A veces algunos olvidan tan significante detalle.

En un país democrático, en un verdadero estado de derecho estos dos episodios judiciales han de ser normales y no anecdóticos. Ahora hace falta que los ciudadanos sigamos empujando para lograr una verdadera transición ciudadana donde, como he repetido varias veces, los ciudadanos seamos el dueños de los poderes del estado y no las cúpulas de 3-4 partidos políticos. ¿Utopía? No. Necesidad.

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