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16 de Desembre de 2013

La ofensa y el Ministerio del Interior

 

(Este artículo ha sido publicado en el digital Liberal.cat) 

 
Aunque contiene algunas cuestiones razonables, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno del PP es una nueva mala noticia para aquellos que defendemos un Estado que gradualmente se ajuste a sus esenciales funciones: la protección de la vida, de la libertad, y por lo tanto, de la propiedad. Es decir, la defensa del Principio de No Agresión.
 
A menudo decimos que la Constitución de los Estados Unidos, apoyada sobre estos valores, está hecha para proteger a las personas de los abusos del Estado. Contrapesa sus poderes, considerando el Gobierno un mal necesario y con la voluntad de evitar su expansión. Otra cosa es cómo los sucesivos gobiernos han ido violentando estos principios fundacionales por su tendencia natural a crecer. No en vano, Jefferson nos advirtió con aquello de que la libertad tiene el precio de la eterna vigilancia. Cita que es un grito contra el optimismo gubernamental y a favor de la desconfianza ciudadana.
 
Aquí en Europa nos fiamos más del poder público, al que hoy en día se ve como una señorita de primaria que vela por nosotros en una permanente hora del patio. Un dulce Napoleón. Por eso aquí gusta tanto Obama, frente al incomprendido movimiento libertario americano. En Europa tenemos constituciones para robustecer el poder público. Y es porque la mayoría ha olvidado la eterna vigilancia y ha creído que el Estado está para hacer promesas pasando por alto que a menudo no son posibles y cuando se quieren hacer realidad se causan daños mayores, de hecho se violentan los tres derechos del inicio y las víctimas son a menudo las mismas personas que votando compran las promesas. Cuando se pide más poder para el Estado, pensando en el reparto fruto de su acción coactiva sobre otro, siempre se corre el riesgo de ser víctima de su fuerza. Esto es lo que nos está pasando en varios frentes. Cuando el Estado promete dar mucho, lo puede tomar todo. La libertad es ya un valor secundario para buena parte de nuestra ciudadanía y por eso cuesta bastante escuchar algo sobre ella en el debate público.
 
Me quiero centrar en un punto polémico del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, multará con entre 1.001 y 30.000 euros la ofensa a España o a cualquiera de las CCAA o municipios. Esta es la típica legislación "no nacionalista" que me hizo anacionalista. Este punto ha levantado pasiones porque toca lo que más gusta a los cafres de nuestro debate político, el choque de sentimientos nacionales, el lado más futbolístico de la política. En cambio, el tema no se afronta tanto desde el punto de vista de la libertad civil.
 
Desde este último punto de vista, la propuesta es el enésimo atentado liberticida del Gobierno. ¿Es legítimo que el Estado castigue algo tan difícil de objetivar como la ofensa fruto de la expresión? ¿Esto no va mucho más allá de proteger a las personas de la agresión en una ley que se hace llamar de Seguridad Ciudadana? ¿Esto no convierte al Estado una vez más en el principal agresor?
 
Se mata cuando alguien le quita la vida a otro. Se roba cuando se sustrae un bien ajeno. Pero se ofende cuando al ofendido le da la gana. La ofensa es algo extremadamente subjetivo e interpretable, legislar sobre ella abre la puerta a la arbitrariedad del poder público. Hace tiempo que esta puerta está muy abierta, lo vimos en el caso Krahe. ¿Dónde empieza y dónde acaba la ofensa? ¿Según la preferencia estética y simbólica del Gobierno de turno? ¿Del juez de turno? Si se concreta la ofensa en la ley también se puede concretar la felicidad, ¿no? ¿Algún tirano voluntario? ¿La ofensa o la felicidad son lo mismo para todos? Es bastante evidente que los poderes públicos penetran en esta materia en la libertad de conciencia. Opinar y hacerlo bien a menudo es ofender. ¿Se podría legislar el derecho a vivir sin escuchar tonterías? ¿Qué es una tontería? ¿Verdad que sería una barbaridad?
 
Que un Gobierno pretenda definir la ofensa es aterrador para cualquier mente que valore la libertad más básica. Y si el Gobierno no concreta muy bien tenemos un problema añadido, puede imperar la autocensura, puede imperar el miedo. ¿Quizá es lo que quieren? ¿Decir "este país es una mierda" será multado? Esperemos que no, ¿verdad? Pero la esperanza es una mala estrategia y más cuando hablamos de limitar el poder público.
 
Todos sabemos a qué viene este punto de la Ley de Seguridad Ciudadana, la quema de banderas españolas ha sulfurado al nacionalismo español más populista y más cafre. También los silbidos a la Corona en ciertos partidos de fútbol. Y un Gobierno que legisla con esta primaria motivación es como un matón de bar. Bien ofendido, te espera en el callejón legal.
 
No quiero dejar de comentar una contradicción evidente por parte del Ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz es un conocido activista cristiano, sensibilizado por buenos motivos con la libertad religiosa amenazada en todo el mundo. Me sorprende que aquellos que defienden la libertad de culto y el derecho de la Iglesia Católica a participar en el debate público con normalidad, se planteen multar algo tan relacionado con la conciencia como la ofensa a la bandera o a las instituciones del Estado. No podemos equiparar la ofensa en sentido figurado con la agresión, acabaremos todos en el juzgado un día u otro. ¿Quién es tan sabio para definir justamente la ofensa? A mí sólo se me ocurre Dios que está en nuestros corazones y no se presenta a las elecciones.
 
Volviendo a los Estados Unidos, quiero recordar que ese país protege la libertad de expresión en la primera enmienda de la Constitución. Y considerándola en gran estima, el Tribunal Supremo rechazó en 1989 que la quema de la bandera fuera un delito. Es difícil dudar de que en Estados Unidos se vive un fuerte espíritu patriótico y religioso, sin embargo, la causa de la libertad sigue imperando sobre la imposición de otras consideraciones. Al menos en esta cuestión.
 
A mí me parece muy pesado estar rodeado del uso de banderas nacionales. A veces también me ofende. Y estoy en Cataluña donde el tema está a menudo en la palestra. ¿El Estado me tiene que proteger de eso? Diría que no. Por mi parte, sería querer encomendar al Estado una violencia no legítima. Pretender eso sería meterme en el espacio de los demás. Expreso mi fatiga, me alejo de las arengas nacionales y basta.
 
Excluyendo la calumnia que es la atribución no veraz de un delito, la amenaza o la exaltación de una agresión física -siempre teniendo en cuenta la existencia del animus iocandi- creo que limitar la libertad de expresión no sólo es antiliberal, también degrada la calidad democrática. Y es restringir el examen de lo que está vigente, dificulta la búsqueda de la verdad, es anticientífico y preilustrado. Pero ya se sabe, lo vigente que está en discusión parece que es sagrado: España en esencia.
 
@AzoteLiberal en Twitter

 

 

 

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