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15 de Febrer de 2014

Este artículo ha sido publicado en el digital Liberal.cat

 

El 82% de los funcionarios elige la sanidad privada frente a la pública a través del modelo llamado Muface. Privilegio que los sindicatos de la función pública niegan al resto de la población.

La pública para los pobres. Para los trabajadores públicos: la privada. No hay incentivos perversos, no. ¡Qué va!

¿Por qué se oponen a la aplicación del cheque sanitario cuando ellos sí pueden elegir privada? Con él, la gente sin recursos no estaría obligada a ir a la sanidad pública y sindicalizada por estas personas que luego para sí mismas escogen la privada. Las personas sin recursos podrían elegir y seguramente lo mismo que los supuestos grandes defensores de la sanidad pública. Y claro, automáticamente la estructura de incentivos del servicio cambiaría, se tendría que prestar el mejor servicio posible de la forma más eficiente, competir y trabajar duro para lograr que los usuarios eligieran a uno. Esto último da mucha pereza a un acomodado personal acostumbrado a la ausencia de exigencia, ésta aún es más destacable en tiempos de bonanza económica y grandes ingresos fiscales de la administración.

Parece que al 82% de funcionarios no les preocupa que empresas privadas "hagan negocio con la salud", algo que los sindicatos se pasan el año denunciando con esas mismas palabras. Como este dato deja en evidencia su discurso cada año, ciertos sectores de la izquierda plantean la supresión de Muface.

No les deben atender nada mal en la sanidad privada si la contratan de forma tan masiva. A ver si el ánimo de lucro sanitario no va a suponer perjudicar a pacientes... A ver si va a ser lo contrario. Eso explicaría por qué no nos envenenamos cada vez que vamos a un restaurante. A ver si va a ser que los usuarios votando con su elección llevan a un servicio de más calidad...

Hay un mito bastante instalado y es que con beneficios un servicio cada vez es más caro, si fuese así mercados deflacionistas como la electrónica serían imposibles. Esta visión bastante frecuente parte de un mal análisis económico que se apoya en la teoría objetiva del valor y en la popular teoría de la plusvalía de Marx que conducen a pensar que el precio final es determinado por los costes cuando básicamente es al revés, son los precios finales los que determinan los costes. Si fuese de la primera manera cualquier negocio sería viable, bastaría añadir un rendimiento a los costes generados, pero resulta que este rendimiento encuentra unos límites en las preferencias de la demanda y en la competencia del mercado. La búsqueda del beneficio empresarial lo que hace es ofrecer mejor servicio y con menores costes. En eso consiste la función empresarial, en detectar un espacio económico en el que las cosas se pueden hacer a mejor precio y para ello se encuentran formas de ahorrar recursos en la producción. Eso es prosperidad, progreso y bienestar: hacer más con menos. De eso va la economía. Cuando el sector público ocupa un espacio económico de forma intensa impide este proceso flexible y dinámico de aparición de oferta privada y eso tiene mucho que ver con que para asuntos graves se acuda con frecuencia a la sanidad pública. Precisamente por ser sectores importantes, no ganamos nada aislando tanto la sanidad y la educación de las funciones del precio y de la empresarialidad.

Aguantamos la retórica sindical y mienten más que hablan porque sí señores, tienen ánimo de lucro, algo que parece tabú, la literatura socialista niega que exista ánimo de lucro en el sector público. Es una más de sus grandes aportaciones a la infantilización social. Es natural que todos los humanos tengan ese ánimo, la cuestión está en cómo se canaliza y lo ideal es que el ánimo de lucro no sea coactivo. Y coacción es lo que practican estos sectores arrimados a lo público para capturar rentas a costa de todos y de nuestro futuro. Basta ver cómo crece o se mantiene alto el peso del capítulo de personal en el presupuesto y en cambio se recortan servicios importantes. Si el lucro pasa por satisfacer una demanda, es un gran motor de progreso. Si el lucro pasa por un privilegio concedido por la fuerza del Estado aparece el abuso sobre el usuario y contribuyente.

Cada año sale este dato de Muface, lo recordamos durante tres días y nos olvidamos el resto del año cuando aguantamos la matraca pancartera de "los defensores de lo público".

En educación asistimos al mismo tipo de ánimo de lucro en el sector público. Hemos gastado por alumno más que Finlandia (líder educativo mundial) durante muchos años y en cambio tenemos unos pésimos resultados. Y es que el problema no está en gastar más sino en cómo se gasta, en el modelo en el que se invierte y particularmente la estructura de incentivos del mismo. Cuando vamos al gasto educativo vemos el enorme peso que tiene la partida de personal, una vez más vemos el presupuesto secuestrado por estos sectores sindicales, políticos y burocráticos. Aparecen ciertas preguntas: ¿Tiene sentido que la aparición de las TIC haya supuesto una reducción de costes en todos los sectores tradicionales menos en la administración pública? ¿Tiene sentido que en el momento en el que la información y la cultura son más baratas y accesibles que nunca los costes educativos sean crecientes? ¿Tiene sentido que los maestros españoles cobren por encima de la media de la OCDE de forma tan descorrelacionada con sus resultados? Aquí funcionarios, en Finlandia no. Allí centros municipalizados, libertad de elegir por parte de los padres y competencia entre centros, aquí no. Allí exigencia en la selección del personal, aquí parece un desafío que para entrar en magisterio, se tenga que sacar como mínimo un cinco en lenguas. Luego el sindicalismo arrimado reclama el reconocimiento social del maestro finlandés, ¿sólo eso reclama? ¿Y el resto del modelo? Para mí Finlandia no es el modelo organizativo ideal, pero desde luego lo firmaría con tal de escapar de los resultados que sufrimos y de la casta sindical que los fomenta. ¿Por qué no reexaminamos al profesorado a la finlandesa además de hacerlo con el alumnado en pruebas como PISA?

Así como los funcionarios públicos eligen mayoritariamente la sanidad privada, una gran mayoría de políticos no se la juegan a la hora de educar a sus hijos y hacen lo mismo, a pesar de lo mucho que se llenan la boca con la defensa de la educación pública. Hagamos que las personas con menos recursos también puedan elegir una mejor educación para sus hijos vía cheque escolar si lo necesitan, y sobre todo, privatizando, pongamos en competencia y en buena tendencia cualitativa un sector estratégico como es la educación.

Para garantizar el acceso a las personas que no pueden pagar ciertos servicios básicos no es necesario sostener ciertas burocracias que se acaban beneficiando de la pretendida solidaridad. Percibo que el apoyo al sistema de cheques es creciente, pues no pocos referentes europeos en políticas de bienestar han adoptado el modelo en diversos campos. Apoyar a los más necesitados no es secuestrarles en unos servicios públicos pensados más para sus trabajadores que para sus usuarios. Apoyar a los más necesitados es dejarles elegir en un modelo que tiende hacia la calidad y no hacia su colapso.

En este sentido no puedo dejar de pensar si el trabajador medio español, que paga en impuestos más del 40% de sus ingresos, se ha preguntado cuántos servicios podría contratar con la renta de la que ahora no dispone por culpa de la captura efectuada por un sector público de crecimiento incontenido en relación al PIB.

Muchos empleados públicos conocen los privilegios y el ánimo de lucro coactivo que defienden sus colegas más sindicalizados. Así me lo cuentan. Les insto a liderar la transformación de estos servicios básicos. Una buena manera de implantar el sistema de cheque escolar, por ejemplo, sería poner en sus manos los centros escolares en forma de cooperativa y a partir de ahí empezar a competir por satisfacer a los usuarios: las familias y sobre todo los alumnos.

No es verdad que los empleados públicos sindicalizados ignoren los incentivos perversos que conducen al colapso del modelo. Lo simulan para sostener su paradita mientras repiten de forma machacona vacuos y falsos lemas como "Pública, gratuita y de calidad". Pública es y también incompatible con la calidad si se obvia que sus gestores son imperfectos humanos que necesitan palo y zanahoria para dar lo mejor de sí mismos. Y no es gratuito, bien que se lo llevan en salarios fruto del lobby amenazante que ejercen sobre el presupuesto nutrido por unos esforzados contribuyentes.

Hagamos frente al obsceno inmovilismo sindical en los servicios básicos.

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