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13 de Novembre de 2013

Aguirre vs Pastor

(Este artículo ha sido publicado en el digital Liberal.cat)

"No le quepa la menor duda de que la empresa privada gestiona mejor que la pública". Esto le dijo Esperanza Aguirre a Ana Pastor el domingo pasado en El Objetivo. Este fue el momento de la entrevista en el que Aguirre comunicó más ideas, también cuando dijo que la administración pública no tiene grandes incentivos para ahorrar. Esto convulsionó Twitter.

Cuando se habla del ahorro en la administración siempre recuerdo lo que a menudo hemos oído en boca de un gestor público a puerta cerrada: "tenemos que gastarlo todo porque si no, el año que viene nos recortarán el presupuesto del departamento". Se entiende, al ver que no se necesita tanto dinero para funcionar. Esto resume a la perfección lo que dijo Aguirre. Así se establece la competencia entre departamentos para conseguir más recursos del titular de Hacienda, que somos todos. No es la competición para hacer más con menos, habitual en el mundo de la empresa -lo que conocemos como eficiencia- estamos ante una competición para ver quién arrambla con más cacho en el reparto. El pilla-pilla presupuestario.

Ana Pastor contestó a Aguirre que no estaba demostrado que la empresa privada gestionase mejor que la pública. Obviamente, cuando se afirma lo que inicia este artículo -que es el primero de un servidor en el Liberal.cat- se habla de una tendencia derivada de la estructura de incentivos de una organización. Claro que hay empresas privadas que fallan. Malos gestores, gente deshonesta, falta de habilidad o de inteligencia hay en todas partes, es por esto precisamente que el criterio que se aplica en premios y castigos es tan importante en un marco donde operan los imperfectos humanos. Y este marco es mucho más perverso en la administración pública. Seguramente Ana Pastor es de las personas que espera un humano que sea excelente todo el rato en la ética y la práctica, por un don divino o por convicción de Hombre Nuevo. Le deseo suerte en la ingenua esperanza y escolar búsqueda.

Donde hay un dueño privado, la tendencia al ahorro es más fuerte, a economizar y a un mejor control de riesgos. Por un simple hecho, una empresa privada no se puede sostener eternamente con pérdidas porque no puede recurrir a los impuestos para ello. Claro, si el Estado no la rescata, intoxicándola así con sus incentivos perversos. Hay que recordar también que el administrador público no paga personalmente las deudas que genera, dispara con la pólvora del Rey. Y los ciudadanos -suponiendo que mayoritariamente quieran evitar la deuda, que es mucho suponer ahora y aquí- no tienen mecanismos ágiles y automáticos para censurar una mala conducta como sí tienen los dueños de una empresa. La mala gestión pública la pagamos todos a la fuerza y esa es la raíz fundamental de los incentivos perversos de la administración.

El mercado hace cerrar a quien lo hace mal. Prospera quien satisface necesidades ajenas y crea valor para los demás. Y es así como se canaliza de forma más sana el incentivo que representa el beneficio para los siempre peligrosos humanos. Cuando el Estado rompe estos principios del libre mercado privilegiando sectores, llega el llamado riesgo moral. Y estos sectores dejan de competir sanamente para satisfacer necesidades de la demanda y pasan a llamar puertas políticas buscando favores.

A la señora Ana Pastor le puedo citar algunos conocidos éxitos de la gestión pública reciente en nuestro país: las Cajas de Ahorros, las televisiones públicas, las líneas de AVE o los aeropuertos. ¿Alguien se imagina a la iniciativa privada construyendo el aeropuerto de Castellón o el de Ciudad Real? Aquí entraríamos también en el terreno del electoralismo como factor generador de incentivos perversos en el administrador público. Sobre todo esto nos habla la teoría de la elección pública y el Nobel James Buchanan.

Quiero poner un definitivo ejemplo. Que hoy en día las administraciones de todo el Estado gasten un 18% más en el capítulo de personal que en el mejor momento económico antes de la crisis es una prueba contundente del poco incentivo al ahorro del sector público. El capítulo primero del gasto es el más humano en el peor sentido de la palabra, el más afectado por los incentivos perversos, su sobredimensión es fruto de la presión del lobby sindical y funcionarial y de su muy coercitivo -e incluso coactivo- ánimo de lucro.

Un ejemplo cercano, Catalunya sufre recortes de servicios desde hace poco más de dos años, el gasto nominal en Sanidad está un 6% por encima del nivel de 2006, el gasto educativo está en el mismo nivel de 2006, en cambio el gasto de personal está un 30% por encima. El gasto de personal antes de la crisis representaba el 25% del presupuesto, hoy supera el 30%. La conclusión es clara: la Generalitat ha tenido que recortar servicios y donde lo ha hecho con menos ganas ha sido en gasto de personal. Sí, se han bajado sueldos públicos durante los últimos dos años, pero resulta que, una vez comenzada la crisis, la plantilla de la Generalitat entre 2006 y 2010 creció en más de 40.000 personas, un 25%. Todo esto recae todavía sobre las espaldas del sector privado después de seis años de crisis.

Algunos políticos caraduras que utilizan a Keynes para lo que les conviene, justifican este aumento de gasto con la política contracíclica que propugnó el economista (aunque no tanto en gasto corriente) y parecen haber perdido de vista que el economista también proponía esta política contracíclica en tiempos de bonanza, es decir, una cierta austeridad. ¿Ahorró la administración durante la burbuja de crédito impulsada también por el sector público? No, de hecho la promovió con la motivación de expandir su poder, que suele ser el poder de gastar. La administración y la política no tienen fuertes incentivos para el ahorro, como dijo Esperanza Aguirre el pasado domingo frente a una agresiva, aunque escolar, Ana Pastor.

La presión para el ahorro público sólo puede venir de dos lados: de una sociedad civil comprometida con la responsabilidad fiscal y monetaria, o de los acreedores que son los que finalmente ponen algún límite al déficit y a la deuda; hasta que el poder público vía intervención y banca central los vuelve a empujar al préstamo fácil.

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