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24 de Desembre de 2013

No es casualidad

La situación actual no es una casualidad. Tiene unas causas, unos orígenes, unos responsables y un desarrollo. Todo esto no está ocurriendo como un fenómeno de la naturaleza. Es decir, no es como una tormenta que se desencadena súbitamente. No. Esto tiene explicaciones. El problema es que no se explica. Se oculta. Se enmascara.

Veamos desde el rincipio. Los que controlan las grandes empresas, las compañías multinacionales, los grandes bancos, es decir, los que tienen el poder real, financian unas estructuras, los partidos políticos, para dar una apariencia de legitimidad a la imposición de su poder sobre el resto de la sociedad.

De la misma forma, crean medios de comunicación, con gran influencia, que defienden sus intereses promocionando falsedades como la democracia, el parlamentarismo, la soberanía popular, la división de poderes, el estado de bienestar, los derechos civiles, el voto democrático, el socialismo, el nacionalismo y otras estafas.

El objetivo es que, entre los partidos políticos y los medios de comunicación se convenza a la sociedad, a los ciudadanos, de que otro gran engaño, las elecciones, son el método mediante el cual se manifiesta la denominada soberanía popular. Es decir, se legitima democráticamente que ellos controlen todos los aparatos del estado.

Cuando todo esto se aplica, ya tenemos montada la gran farsa. Los ciudadanos se convierten a partir de ese momento en una parte fundamental del esquema: son consumidores. Todo el aparato de comunicación y propaganda crea la realidad ficticia de que el consumidor es un ciudadano con derechos democráticos.

Esos derechos democráticos se reducen a que, cada cierto tiempo, los políticos, que son de hecho empleados de los que controlan el poder económico, organizan uno de los momentos culminantes de la farsa: las elecciones. Es el momento en que el ciudadano-consumidor, votando, entrega a esos políticos, y a los jefes de estos, su capacidad de pensar, decidir y actuar. Es la humillación.

Todo esto funciona, más o menos, en una gran parte de eso que llamamos la civilización occidental, con organizaciones comerciales, como la Unión Europea, o represivas, como la OTAN, para actuar -comercial o bélicamente- contra aquellos que pertenecen a colectivos que no se consideran ni civilizados ni occidentales.

Bien. El problema surge cuando se les va la mano. Cuando por un exceso de explotación de los consumidores, es decir, por una excesiva ambición, por un error de cálculo, se exprime más de la cuenta a los consumidores, y disminuye mucho el consumo. Entonces, las empresas y los bancos ganan menos. Estamos en la crisis.

Los colchones que se han preparado para afrontar estas situaciones se revelan insuficientes, y los sistemas de cobertura del desempleo, pensiones de jubilación, sanidad y enseñanza públicas, etc., empiezan a saltar por los aires. Pero el problema principal sigue siendo la falta de consumo, porque eso implica que disminuyen los beneficios.

Entonces, los políticos, es decir, los empleados de las grandes corporaciones, que se encargan de dirigir las instituciones, acuden en ayuda de sus jefes. ¿Qué hacen? Pues cogen el dinero que los consumidores han ido pagando a esas instituciones para recibir la cobertura del paro, las pensiones, la sanidad, la enseñanza, etc., y se lo dan a los empresarios y los banqueros para que tapen sus agujeros financieros y puedan reanudar todo el proceso.

No es fácil. Porque la rapiña de los políticos y de sus jefes está dejando a los ciudadanos-consumidores cada vez con menos capacidad de consumo. Empieza a haber hambre, gente que no puede pagar la luz, el agua o el gas. Y, aunque los ciudadanos habían pagado la sanidad y la educación pública con sus impuestos, resulta que esos impuestos se los han repartido entre los políticos y los banqueros. Por tanto, ahora también tienen que pagar -el que puede- el servicio médico y la escuela.

En esa situación, es posible que se produzcan protestas sociales. Por tanto, se cambian las leyes y se vuelve a la legislación franquista. Se prohíben y penalizan las protestas, se suprimen aquellos derechos civiles que se habían concedido para dar la apariencia de una situación democrática y se refuerzan la policía y los aparatos represivos. Y si no hay suficientes policías, se utiliza a los guardias privados. Se trata de suprimir, de eliminar, cualquier tipo de disidencia, de cuestionamiento del sistema.

Además, para consolidar el pensamiento único, se imponen medidas únicamente dirigidas a provocar miedo, angustia y depresión. Quieren que los ciudadanos estén asustados, para limitar su capacidad de pensar y de actuar. En esta línea se inscribe la vuelta atrás en la legislación sobre el aborto, siguiendo las consignas de las sectas religiosas aliadas con los grandes empresarios y banqueros.

Ahora, el objetivo de los que dirigen el sistema es aguantar, mantener la situación mediante la represión física y mental, a la espera de que, poco a poco, algunos sectores puedan recuperar su capacidad de consumo y volver -es difícil- a los buenos y viejos tiempos de la acumulación intensiva de capital y beneficios. Ahí estamos. Y en este plan, que decía Paco Umbral.

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