12 de Novembre de 2008

Farreres o las dos justicias

El ex consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña Ignasi Farreres está siendo juzgado por su presunta participación, con otros dos acusados, en un caso de utilización de la vieja técnica de los informes falsos o inexistentes. En este caso, la cantidad obtenida por ese método fue de 46.157,73 euros.

El método fue ideado en Francia, parece que en la época de Mitterrand, periodo en el que experimentó un auge extraordinario la invención de nuevos métodos de corrupción política para la financiación de los partidos. Y de lo que no son partidos. Los socialistas franceses siempre fueron unos pioneros en este ámbito.

Ese método de los informes falsos se extendió fuera de Francia. Ya fue utilizado, por ejemplo por el PSOE, en el asunto de Filesa. Básicamente, consiste en lo siguiente: desde el gobierno, se encargan informes -que no se hacen- a empresas ficticias creadas por gente del partido del gobierno. Estas empresas cobran las facturas por la realización -no se realizan- de los informes, y ese dinero va en parte al partido y en parte -comisiones- a los que hacen funcionar este sistema.

Bueno, pues a Farreres y sus compañeros de banquillo se les acusa de haber logrado mediante ese método un total de 46.157,73 euros de dinero público, concretamente, dinero de la Generalitat de Cataluña. Como eso es ilegal, si se demuestra que los acusados son culpables, deben ser castigados. Y estarán muy bien castigados. Sin embargo, eso no es obstáculo para denunciar, una vez más, las dos varas de la justicia. El doble baremo.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, no el de la época de Farreres, sino el de ahora, encargó durante el año 2007 un total de 1.583 trabajos técnicos, documentos e informes a personas ajenas a la administración por un importe de 31 millones de euros.

Entre estos informes, figuran, por ejemplo, el de "Seguimiento de la almeja brillante" (27.956 euros). O "China y la seguridad en Asia oriental: Análisis del papel de China en la construcción del orden regional en materia de seguridad" (15.000 euros). O  "El cultivo de la chufa" (11.965 euros). O "El murciélago enano" (2.328 euros).

Hay otros igualmente apasionantes y, sobre todo absolutamente necesarios e imprescindibles, como los anteriores, para el funcionamiento eficaz de la Generalitat de Cataluña: "Diseño de un parchís puzzle troquelado  para una casa de cartón recortable", "Realización de tres juegos para móvil en Cataluña", "El origen de la Diada", "Las aves rapaces" o "Estudio sobre validación de los portfolios de medicina familiar y comunitaria".

Todo esto, y más, costó al Gobierno catalán 31 millones de euros. Al ex conseller Farreres y a uno de los otros dos acusados junto con él en el juicio que se está desarrollando estos días, el fiscal les pide cinco años y medio de cárcel, una multa de 103.500 euros y una indemnización a la Generalitat de 46.157, 73 euros. Al otro, le pide tres años y medio de cárcel y que participe en el pago de esta indemnización.

¿Qué debería hacer la justicia con los responsables de los 31 millones de euros de dinero del contribuyente gastados parcialmente en conseguir información sobre la almeja brillante, el murciélago enano, la chufa, el puzzle del parchís troquelado, la seguridad en China, las aves rapaces, los juegos de móvil, etc.? Debe de ser que todo esto sí es legal. Entonces, nada. Vale, vale.