04 de Desembre de 2009

El último invento del inefable presidente del Gobierno es una ley que él llama "de economía sostenible", y que es un despropósito de tal calibre que incita a que nos preguntemos si es él, el presidente, quien es sostenible o no.

Este hombre, con su vacía grandilocuencia, su optimismo sin causa y su enciclopédico desconocimiento de la realidad, ha descubierto que la economía de un país puede cambiarse por una ley.

Es decir, parece creer que él puede cambiar el sistema económico español, ese que hasta hace dos días nos había colocado, según nuestro presidente, en la Champions League de la economía mundial.

Como parece que no estamos exactamente en la Champions League, sino en pleno desastre, y cayendo, ahora Zapatero ha decidido cambiar toda la economía española. Y lo hace con una ley.

No se trata ya de entrar en el contenido de esa ley, que también hay que entrar, sino de intentar interpretar cómo se puede llegar a ignorar que el cambio de un sistema económico basado en la construcción, el turismo y algunos servicios, a otro más sólido y competitivo se hace simplemente con una ley.

Este hombre ignora que un cambio de ese calibre es un proceso que sale del corazón económico de la sociedad, de sus fuerzas empresariales, de las necesidades que plantea la competitividad y de múltiples circunstancias que están más allá de una ley, aunque las leyes, por supuesto, deben propiciar los marcos legales necesarios para encauzar ese proceso, que puede durar décadas.

Por lo demás, esta ley, la ley de Zapaero, es lo que se conoce como una ley ómnibus, es decir, un cajón de sastre lleno de medidas de todo tipo, muchas ellas anunciadas hace años, y sin ningún tipo de conexión ni coordinación. Un chaparrón de decisiones inconexas. Es decir, esa ley es cualquier cosa menos coherente.

De hecho, parece que a Zapatero todo eso le da igual. En realidad, a él le gusta el nombre, le gusta eso de la economía sostenible. Suena bien, suena progre, suena moderno, y con eso basta.

Le da igual que algo fundamental para propiciar un cambio de sistema, como la investigación, vea reducido su presupuesto, hasta tal punto que ha provocado la dimisión del secretario de Estado de investigación.

Pero es que, en cualquier caso, y suponiendo que esta ley ómnibus tenga coherencia -que no la tiene-, el sentido común indica que sus efectos empezarían a notarse dentro de bastantes años.

Y el problema lo tenemos ahora. Los cuatro millones y pico de parados son de ahora. Y el bajón del consumo. Y el aumento de la morosidad. A ver cómo arreglamos esto, lo de ahora, y después será el momento de la economía sostenible. Porque parece que aquí, el que no es sostenible es el presidente del Gobierno.