07 d'Agost de 2008

La fuerte ofensiva del nacionalismo español en los últimos meses contra las lenguas cooficiales del Estado tiene su principal frente en la inmersión lingüística, concretamente en la inmersión lingüística en Cataluña. En esa ofensiva, se invoca habitualmente el derecho constitucional a que los padres elijan la lengua en que quieren que sean educados sus hijos. Y con el argumento de que es un  derecho constitucional, se da por zanjada cualquier discusión al respecto.

Pero, ¿dónde dice la Constitución española que los padres tienen el derecho a elegir -y por tanto a exigir- la lengua en que sus hijos deben recibir la enseñanza? ¿En qué artículo de la Constitución se habla de ese derecho?En ninguno. En el punto uno del artículo 3, en el título preliminar de la Constitución, se dice textualmente: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Eso es todo.

Muy bien. Pero resulta que, en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio, la vigente Constitución española establece que los padres tengan derecho a elegir la lengua en que sus hijos deben ser educados. Es decir, que el supuesto derecho constitucional al respecto no es tal.

Donde sí se establece algo parecido a eso que con tanta vehemencia se exige como un derecho constitucional, y del que no habla la Constitución, es en la ley de política lingüística de Cataluña de 1998. El artículo 21 de esa ley catalana, dedicado a "la enseñanza no universitaria", dice textualmente en su punto primero: "El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria". Y añade en su punto segundo: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano".

Por tanto, es la ley catalana de política lingüística, no la Constitución española, la que se ocupa de ese asunto que tanto preocupa a los activistas lingüísticos del nacionalismo español. Y no habla del derecho de los padres a elegir la lengua de la enseñanza de sus hijos, sino del derecho de los niños "a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual", que no es exactamente lo mismo.

Es decir, que los activistas lingüísticos del españolismo pueden fundamentar sus exigencias de que los niños sean educados en castellano en la ley catalana de normalización lingüística, no en la Constitución española. Es la ley catalana la que protege al castellano en el primer nivel de la enseñanza.

Tal vez sea irónico, pero es así. Muchos de estos furibundos anticatalanistas, en realidad, tienen que argumentar sus exigencias lingüísticas en la ley catalana de política lingüística, de la que tanto abominan, porque su sacrosanta Constitución española no dice ni una palabra al respecto.

Tiene gracia. Sin embargo, ellos no lo dicen. Ellos hablan de un derecho constitucional. Falso. Algo parecido a lo que exigen figura en la ley catalana de política lingüística, no en la Constitución. Es posible que les dé vergüenza invocar la ley catalana de política lingüística para hacer campañas contra el catalán. Pero es lo que hay. Porque, de derecho constitucional español, nada de nada.