10 de Desembre de 2008

El diputado de ERC Joan Tardà ha provocado una polémica de considerables proporciones con sus palabras, al final de un acto de las juventudes de su partido, contra el Tribunal Consititucional, contra la familia Borbón y a favor de la república. Una vez más, ha quedado de manifiesto la enorme hipocresía de las instituciones.

Estos políticos, estos partidos y estas instituciones, que tanto se indignan por lo que ha dicho Tardà, no tienen el menor inconveniente en aceptar que un ministro diga oficialmente en el Congreso de los Diputados que aquí, en el Estado español, no hubo vuelos ilegales de la CIA en el caso de Guantánamo.

Es decir, se critica a un diputado por decir lo que piensa, pero se mira hacia otro lado cuando un miembro del Gobierno miente en un parlamento y dice que no hubo vuelos ilegales, con prisioneros ilegales, que eran transportados para ser torturados en una base militar donde están encarcelados también ilegalmente. Cuando está archidemostrada la existencia de esos vuelos.

A Joan Tardà hay que crucificarlo por decir lo que piensa del Tribunal Constitucional, pero este Estado, estos partidos, estas instituciones y estos políticos no tienen el menor inconveniente en repartirse por cuotas partidistas, sin ningún criterio jurídico, los puestos más importantes del poder judicial, convirtiendo la separación de los jueces y la independencia judicial en una broma de mal gusto.

Esta gente hace leyes, como la ley de partidos, o preparan reformas legales, como la del Código Penal que están preparando, que no resisten el más mínimo análisis desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y a las garantías judiciales, y luego quieren juzgar a Joan Tardà por gritar contra la familia Borbón.

Se indignan con Tardà y mantienen en el País Vasco un estado de excepción, reprimiendo a un sector de la población, creando el delito de opinión, cerrando periódicos, impidiendo el derecho democrático a elegir y ser elegido, disolviendo partidos y entidades y fabricando delitos ad hoc para mantener en la cárcel a quien consideren conveniente.

Estos tipos, que ahora se llevan las manos a la cabeza porque un diputado haya criticado al Tribunal Constitucional y a los Borbón, son los mismos que aprobaron en el Parlamento Europeo, sin que se les cayera la cara de vergüenza, una directiva contra la inmigración que es una norma racista, xenófoba e ilegal. Una directiva que ha recibido, justamente, la denominación de "la directiva de la vergüenza".

Son los mismos que, ante una crisis económica que está tirando al paro, la miseria y la marginación a cientos de miles de personas, cogen el dinero público, el dinero de todos los ciudadanos, y se lo dan a los bancos -principales artífices de la crisis- para que se lo repartan entre ellos. A los bancos y a los lobbies empresariales.

Estos dignísimos políticos, que condenan con santa ira democrática las palabras de Tardà, son los responsables de mantener cárceles hacinadas de presos, donde los derechos humanos son una pura ironía. Y algunos de estos políticos son los que, en  nombre de quién sabe qué criterios, defienden a policías condenados por practicar la tortura.

Estas instituciones, estos políticos y estos partidos, que ponen el grito en el cielo por las palabras de Joan Tardà contra el Tribunal Constitucional y contra la familia Borbón, no es que practiquen una doble moral. Es que no tienen ni idea del significado de esta palabra. Ni idea.